EL DEBIDO PROCESO

La polémica sobre el caso de la secuestradora Florence Cassez ha puesto en la palestra el tema del debido proceso legal, sobre todo en materia penal; en esencia, el debido proceso consiste en que el trámite de los Juicios, sea cual sea la materia de los mismos, permita que la partes en el mismo se encuentren en igualdad y puedan contar con los medios necesarios para la defensa de su posición. En esencia, consiste en respetar una serie de formalidades esenciales o más bien, de principios, que, en lo fundamental, son las siguientes:

1. Derecho de audiencia y defensa.
2. Derecho a ofrecer pruebas.
3. Acecuada valoración de las pruebas.
4. Debida fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, al interior del Proceso, actualizando el principio de legalidad: "La Autoridad sólo puede hacer aquello que la Ley estrictamente le ordena".

En este caso, habría que revisar los autos del Juicio para determinar si efectivamente se cumplieron con todas y cada una de estas condiciones que permitiesen llegar al Juez Penal a determinar la culpabilidad de la francesa, y por supuesto de sus coacusados, sobre los que ahora, cae un sospechoso silencio en la campaña mediática desatada a favor de la presunta delincuente, y que apoya el, en mi opinión, excesivo proyecto presentado por el Ministro Zaldivar de la Suprema Corte mexicana, ya que aún si no se respetaron estas condiciones, habría que reponer el procedimiento al momento mismo de las violaciones procesales y revalorar los medios de convicción ofertados por el Ministerio Público (fiscalía o representación social, para los lectores extranjeros) así como aquellos aportados al proceso por la misma defensa de Cassez, y determinar, ahora sí, la culpabilidad o inocencia de la acusada.

Suscribo aquí (y en este caso, muchas veces no he estado de acuerdo con lo que afirma el editor del Diario Milenio) las opiniones del periodista Carlos Marín, mismas que ha vertido tras consultar a diversos juristas: no puede imponerse la forma sobre el fondo y no puede convertirse a la acusada en mártir cuando lo que se plantea son errores o vicios en el actuar de la autoridad policiaca al momento de su detención, un supuesto montaje televisivo que no consta ni forma parte de las actuaciones del Juicio, y el que la asistencia consular no fue inmediata, cuando la Ley no dispone que sea al instante de la detención, y menos cuando por circunstancias ajenas a las autoridades de la Procuraduría General de la República y premiarla con la libertad absoluta sin resolver el declararla culpable o absolverla tomando en cuenta las pruebas que se aportaron y de las que, incluso, se desprende que las víctimas reconocen con claridad a la Cassez, la relación sentimental existente entre ella y el líder de la banda de secuestradores, resultando curioso que se alegue que el procedimiento estuvo mal únicamente en el caso de ella, y no de su entonces pareja y demás compinches, es cierto que opera la relatividad de la sentencia, y que el Amparo en revisión actualmente en estudio por la Primera Sala de nuestro más alto tribunal es por haberlo ella promovido, pero a mí me ha resultado muy sospechoso tanto apoyo mediático para la libertad de la francesa y se hayan olvidado de sus coacusados. Y ni qué decir de las víctimas a quienes ahora ni las pelan, como decimos en México, aunque sí, insisten en que al proteger el debido proceso, se protege a las víctimas.

Es cierto, el debido proceso es garantía de que se llegará al culpable y se valorarán todas las pruebas que se oferten en Juicio para ello; sin embargo, habrá de verse cómo se entiende el debido proceso, que, dicho sea de paso, es de lo más vulnerado en México, más en materia penal, pero también es lo más alegado por los abogados litigantes en todo tipo de controversias, lo que ha llevado a que muchos Juicios terminen siendo conflictos por formalidades en los que el fondo del asunto queda olvidado y sepultado por recursos y Juicios de Amparo tendientes a acreditar o impugnar el cumplimiento ritual de unos Códigos de Procedimientos Civiles, Penales y demás que, originados en la codificación napoleónica son verdaderos procesos kafkianos, burocráticos y lentos, en los que es más importante que en un documento aparezcan dos o tres firmas que la prueba en sí misma.

Nuestro derecho procesal sufre de una falta de integración científica de las pruebas y de una adecuada valoración de las mismas, pero se le concede una importancia excesiva al cumplimiento de términos, la verdad imposibles o irrisorios para llegar a la integración completa y coherente de las averiguaciones previas que determinen al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal: en 48 o 72 horas es imposible hacer estudios periciales a fondo para acreditar la probable responsabilidad de una persona, más cuando la tecnología actual permite hacer estudios de huellas, fibras, ADN, etc. que hacen que cada vez sea más difícil la existencia de los crímenes perfectos; todo esto es secundario, es más importante el levantamiento en tiempo y forma de un acta y que la firmen todos los involucrados, las fechas de la citación de testigos, prueba que, además es desahogada como un trámite, sin un desarrollo del interrogatorio a conciencia y en el momento, como sería con un proceso oral y no escrito, dictámenes periciales que se rinden por escrito, a toda prisa y sin oportunidad a que el perito convocado explique a fondo a las partes y al Juez el contenido del mismo, y sobre todo, existe una cultura del "chicaneo" de parte de los abogados que hace que por cualquier falla de forma y no de fondo, o incluso, muchas veces, interpretación de las formalidades existentes en la Ley procesal, se presenten recursos y se vaya al Juicio de Amparo, procedimiento pensado para la defensa de los derechos fundamentales de las personas, pero que se ha convertido en una verdadera última instancia de los Juicios, por cuestiones formales, alegando siempre las violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales que contienen el citado principio de legalidad.

Muchos Juicios, terminan resolviéndose no por cuestiones de fondo: si el demandado hizo o no hizo tal o cual conducta, si la autoridad cometió efectivamente un error, si el particular vulneró lo pactado en el contrato, no, por cuestiones formales, exceso en el cumplimiento de un plazo, falta de firma autógrafa, olvido en citar una disposición legal, etc. El proyecto de Zaldivar, de proceder, terminará por consagrar ese formalismo exagerado como el objeto de los procedimientos, sean penales, civiles, mercantiles, administrativos o fiscales. Pues aunque se hayan respetado en general los 4 puntos que mencionábamos al inicio de este post, siempre se podrá alegar alguna otra irregularidad, por mínima que sea y esa bastará no para retomar el proceso y hacer la valoración de las pruebas, sino para obtener una absolución tácita, lo cual podrá ser legal, pero contrario totalmente a la más esencial Justicia.

Estamos en el país de la impunidad, y lo vemos todos los días, impunidad que ha crecido gracias a, por un lado: la politización de todo, y así tenemos a un candidato que en la elección presidencial pasada y en toda su carrrera política ha bloqueado calles y carreteras, incitó a la violencia y quemó pozos petroleros, y el señor, como si nada, además de tener a un colaborador filmado en el acto de recibir sobornos, tenemos a los militares y policías bajo las órdenes del Presidente Calderón involucrados en la desaparición de personas al más puro estilo de la dictadura argentina durante la lucha contra el crimen, tenemos a dizque estudiantes de una escuela normal en Michoacán secuestrando a chóferes y camiones foráneos de pasajeros, atentando contra las vías de comunicación, el patrimonio y la libertad de las personas, pero libres de hacerlo, sabiendo que, en lugar de ser aprehendidos y sometidos a la acción de la Justicia, todo se resolverá con una negociación política, y por otro, a la formalidad excesiva y la lentitud de los procedimientos legales: las cárceles están llenas de delincuentes menores o de plano gente inocente que no tienen recursos para salir libres contratando a un abogado que alegue violaciones formales, o gente que tiene años esperando a que termine su Juicio, que se ha vuelto interminable. Mientras, los verdaderos peces gordos o no son apresados por su colusión con las autoridades o por que se alegan formalidades violadas.

Y qué más podemos decir: a nivel internacional el concepto de "debido proceso" ha sido manipulado a fin de que convenga a los intereses más espurios: ya lo dijimos, para Sarkozy, no hubo problema de que lincharan a Gaddafi, que se le torturara y eliminara sin juicio, pero sí lo hay en el caso de los vicios del proceso a la Cassez, y qué decir del terrible discurso del Procurador de Justicia de Estados Unidos: Eric Holder, que con argumentos hitlerianos o estalinistas ha defendido que el Presidente Obama pueda decidir la muerte de conciudadanos, alegando que ahí no opera ningún tipo de proceso ante autoridad Judicial.

A estos individuos, ahora se añade Saldivar, junto con todo el circo mediático que apoya la liberación de la Cassez... habría que preguntarnos a qué acuerdo llegaron Calderón y su homólogo galo, Sarkozy, para que además soltase a los medios más activos y defensores del desastre panista-calderonista en una campaña que también tiene como finalidad atacar al panismo-foxismo, bajo cuyo mandato se dio la detención de la francesa. Esta resolución, de proceder, será la declaración a favor del reino de la impunidad completa en México.

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Pintado de Azul:

Siempre he pensado que lo que ha pasado con el Partido Acción Nacional (PAN) es una tragedia, o más bien, una tragicomedia: es increíble que el partido político que durante 70 años se erigió como la principal vía de lucha contra el sistema priísta y lograr la alternancia y un sistema democrático-representativo verdadero, al llegar al poder haya entrado en un proceso de desmoronamiento, de traición a sus principios, de descomposición total. La toma de protesta de la candidata Josefina Vázquez Mota ha sido uno de los acontecimientos más patéticos de la historia política reciente del país, primero, por el uso de acarreados, que, ante la tardanza en iniciar el evento, aprovecharon el momento para salir del Estadio Azul, (antiguo estadio, ubicado en la llamada "Ciudad de los Deportes" junto a la Plaza de Toros México, que es propiedad actualmente del Club Deportivo Cruz-Azul, equipo de fútbol) dejando a la aspirante presidencial en un desangelado mítin ante unos cuantos simpatizantes.

Lo peor, es que tanto la candidata como los dirigentes ahora nieguen la realidad y pretenden decir que no acarrearon gente, que el estadio estaba lleno, que Doña Josefina recibió el apoyo y no un desaire, mostrando su total falta de autocrítica, lo que se ha vuelto un sello distintivo de su partido. Al día siguiente, la propia candidata cometió un dislate en su alma mater, la Universidad Iberoamericana, intentando hacer una broma, y aquello terminó en burlas y críticas, cómo no, en el Twitter, campo de batalla de bajezas y guerras sucias de los partidos, los Panistas se quejan ahora de eso, cuando ellos fueron los primeros en entrarle al uso propagandístico y de campañas de denostación del rival en las redes sociales.

Se ha cumplido la profecía de Carlos Castillo Peraza: ganaron el poder, y perdieron el partido.