El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de México tomó una decisión que, a mi parecer, pavimenta el camino para la instauración de un régimen dictatorial en el país, por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciertamente, el tema es polémico, y tendrá incluso a sus partidarios, porque ven en esta resolución un combate a la impunidad.
La resolución giró en torno a si el realizar una consulta pública a propuesta del actual Presidente de la República respecto a enjuiciar a sus antecesores por la posible comisión de actos de corrupción durante sus mandatos, es constitucional o no, es decir, lo que en el sistema penal mexicano se debe determinar por el Ministerio Público lo debe determinar el "pueblo" a través del voto, determinando el llamar a juicio a los ex-Presidentes vivos: Luis Echeverría Álvarez --me supongo, o quién sabe, dadas las afinidades entre ese viejo populista, que con sus aventureras y onerosas políticas sociales hundió a México en un océano de deuda y corrupción, tan similares a las pretendidas por el actual mandatario-- Carlos Salinas de Gortari, el eterno demonizado por su política "Neoliberal", Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, todos ellos, señalados por ser parte del "PRIAN", por la fusión de las siglas del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, englobados todos por el actual gobernante y sus partidarios en la llamada Mafia del Poder y el maligno Neoliberalismo al que acusan de ser causa de la pobreza de gran parte de la población mexicana y de la corrupción, señalado como el mayor mal que aqueja a los mexicanos.
El criticar esta propuesta y la decisión tomada por la Corte no lo hace a uno partidario de la impunidad: por supuesto que durante los mandatos de estos personajes se dieron actos de corrupción y políticas mal planteadas que indudablemente tuvieron un costo social, y que quizá no se ha determinado su responsabilidad en ellas y en dado caso, el sancionarles, de haber sido realmente culpables dolosamente de provocar daños a las finanzas nacionales y a la situación de muchas personas; sin embargo, el camino no es el correcto, abrir el combate a la corrupción al voto de las masas, guiadas por su mera percepción subjetiva y lo que dicte la propaganda oficial, es muy peligroso, es dar entrada a la "legalización del linchamiento", por que resulta entonces, que podemos saltarnos a la Ley y a la Constitución misma apelando a que el "Pueblo", esa abstracción tan peligrosa de origen Hegeliano, el Volk, al que tanto apelaba Adolfo Hitler en sus discursos, es el Soberano y por tanto, su voluntad se encuentra por encima de toda Ley escrita, aún la Carta Constitucional, que presuntamente, en ejercicio de esa Soberanía, el pueblo se dio a través de sus representantes electos, en el Congreso Constituyente, para normar las relaciones entre los elementos constitutivos del Estado: Pueblo, Gobierno y Territorio, según lo define el Jurista Jellineck desde el siglo XIX, y proteger los derechos de las personas ante la actuación de las autoridades que materializan la existencia del Estado. Todo ello aplicando las tesis roussoneanas sobre su origen.
Lo peligroso de esto es la incertidumbre que se origina y el quiebre mismo del sistema constitucional, puesto que al pretender convertir un sistema de Democracia Representativa en una especie de Democracia Directa, en realidad se dan los pasos para el establecimiento de una tiranía, tal como lo hizo el cabo austriaco en Alemania o el teniente coronel venezolano en Caracas, finalmente, el Demagogo controla a las masas y puede ganárselas como es en este caso, haciéndoles creer sobre su lucha en contra de la corrupción y la impunidad de los anteriores mandatarios mexicanos, y de su pureza inmaculada, pese a que sean numerosas las evidencias de prácticas ilícitas e igual de sucias que aquellas de las que acusa a sus predecesores cometidas por familiares suyos o miembros de su equipo.
Pero, la verdad, lo que vemos es el cumplimiento de los pasos del ciclo de descomposición de los regímenes políticos que ya desde el siglo IV a.C. tanto Platón, como Aristóteles y posteriormente Polibio, señalaron: las formas de gobierno se van corrompiendo, y la Democracia era despreciada y señalada como la que más rápidamente se dirige a la Tiranía; históricamente siempre ha fracasado y ha derivado en la instalación de regímenes autoritarios que surgen por parte de quien usufructúa el caos y el desorden que termina siempre generando.
Las Democracias griegas desembocaron en las Monarquías Helenísticas, cuando sus innumerables conflictos las demostraron incapaz de brindar orden y paz a la gente, lo que las dejó a merced de la monárquica y militarista Macedonia de Filipo II y Alejandro, Estado Griego que no salió nunca de la monarquía de corte micénico, dado su aislamiento en las montañas del norte; la República Romana, de origen aristocrático terminó siendo una Democracia con la participación de los Plebeyos, pero la lucha entre los líderes ansiosos de contar con el respaldo de estos, que constituían la mayoría de la población, llevaron a las sangrientas guerras civiles, que no cesaron sino hasta que Cayo Julio César Octaviano Augusto ciñó la corona de laurel y se proclamó monarca sin serlo abiertamente, como Princeps "primer ciudadano" o Imperator, "comandante en jefe", en realidad un "rey de reyes", generando un autoritarismo que llegaría a grados ya tiránicos con Diocleciano que buscó así salvar al Imperio de la decadencia y la anarquía.
Hoy en día, es evidente que incluso en la aparentemente más estable Democracia del mundo, como es Estados Unidos, el régimen se encuentra en crisis, precisamente por las propias falencias del sistema y sus contradicciones internas: grandes empresas y fortunas que crecieron sin ser reguladas a grado tal de suponer una amenaza misma al Estado o al sistema, polarización e ideologización social, fragmentación en innumerables grupos identitarios con reivindicaciones extremas, etc. y demagogos en el Partido Demócrata: los Clinton, los Obama, Bernie Sanders, Kamala Harris, Ilhan Omar u Ocasio-Cortez, todos ellos dispuestos a usufructuar esas demandas para construir un Estado con estructura gigante y una asfixiante presencia en todos los aspectos de la vida, censurando el lenguaje y los contenidos mediáticos y sumergiéndose en los conceptos de la vida moral de los individuos, lo que redundará en un poder omnímodo para los políticos. Es posible que Trump de ser reelecto, mantenga a raya a estos personajes, pero empleando él mismo un populismo de tendencia igualmente autoritaria y quizá solo retarde el inevitable colapso de la Democracia norteamericana.
En México, creo que estamos llegando al punto culminante de un proceso iniciado en la década de los noventa: el régimen del PRI se sustentaba, más que en la Constitución de 1917, --aún formalmente vigente-- en una serie de ligas y mecanismos meta o extra constitucionales que sostenían un sistema, que, pese a sus innumerables defectos, garantizó 70 años de estabilidad en el país y de relativa paz, y de una ordenada transmisión del poder presidencial que ha sido el origen de los conflictos políticos desde la misma Independencia y tras la caída del experimento imperial de Iturbide en 1823; incluso con etapas de desarrollo y prosperidad, como fue sobre todo, entre 1934 y 1970, mecanismos tales como el corporativismo social aplicado por Lázaro Cárdenas, la disciplina partidista, el asistencialismo y paternalismo gubernamental y la subordinación absoluta de todos los órdenes y niveles de Gobierno a la figura del Presidente de la República, un verdadero monarca semi-absoluto sexenal.
Sin embargo, con la apertura y democratización acelerada sobre todo bajo los mandatos de Salinas de Gortari y de Zedillo, los puntales del régimen, que habían sostenido a la sociedad y el Estado mexicanos desde 1929, se resquebrajaron y cayeron, iniciándose una espiral de criminalidad e inseguridad que cada vez es peor, que comenzó con las oleadas de secuestros crueles y mutilaciones a sus víctimas en aquellos años y ha llegado ahora con la absoluta inseguridad y matanzas y desapariciones que sufren las mujeres, y no solo ellas, sino en general toda la sociedad, todos los días hay tiroteos, enfrentamientos entre bandas criminales y la inoperancia del Estado, alimentado todo por un clima de impunidad e ineficacia de la autoridad.
Ante esta situación, es claro que hubo agentes poderosos y muchas personas en el pueblo, que buscaron elegir a aquella opción política, en 2018, que más pareciera predicar un regreso a ese autoritarismo garante de paz y estabilidad bajo la que algunos prosperaron e incluso crearon monopolios imponentes, ligados al poder, puestos en riesgo ante reformas que permitían la libre competencia y el cuestionamiento a su calidad o sus cotos de poder. Como Polibio lo predijese, los integrantes de una oligarquía buscaron un demagogo que alentara a las masas a auparlo al poder y sostenerlo a fin de beneficiarse y no perder los privilegios ante una situación para la que no estaban preparados para competir, y que a la gente común le generaba incertidumbre, ruptura del cordón umbilical de la asistencia social y también, caos.
El máximo órgano judicial del país ha sido un espejo de esta perversión del Estado: antes de la reforma de 1995, la Suprema Corte tenía una presencia discreta, pero ejercía un trabajo profesional, discreto, alejado de los reflectores y muy jurídico-técnico, como lo atestiguan los criterios emitidos durante las quinta a octava épocas de su órgano oficial de difusión de sus resoluciones, el Semanario Judicial de la Federación, pero a partir de la reforma iniciada por el Presidente Zedillo, los Ministros de la Corte buscaron cada vez más los reflectores, el órgano se politizó, se llenó de ideologías y pretendió legislar antes que ser un intérprete de la Ley y protector del orden constitucional, comenzaron a resolver acorde con las modas dictadas por la globalización, --como es el tema de la ideología de género, por ejemplo-- y adoptaron un positivismo ramplón y burdo, con el que le daban al Estado el poder absoluto de modificar a la sociedad y a la Moral misma a golpe de "legalizaciones", olvidándose del Derecho Natural, de la Justicia y de los principios generales del Derecho.
Lo que vimos hoy, es la culminación de ese proceso, en que la Corte se arrodilla ante el supremo legislador: el Presidente, el caudillo superhumano que puede dirigir a las masas para que en consultas públicas a mano levantada, o yendo a las urnas sin asegurar condiciones objetivas para el voto, puede saltarse principios básicos como la presunción de inocencia o el de legalidad, la prescripción de los delitos y la certeza y seguridad jurídica. Ahora, ya no existe el imperio de la Ley, sino el imperio de la voluntad de un líder carismático, de un Führer que manipula a la masa para que decida o vote según la opinión que le es impuesta por la propaganda y solo refrende la decisión tomada, en este caso, dirigda a una revancha personal contra aquellos que le vencieron en las urnas o no le cumplieron sus caprichos políticos en su momento.
Se cumple la teoría de Aristóteles y Polibio, pasamos de la Democracia a la Tiranía, y falta mucho para que el ciclo se complete y volvamos a lo que ellos llamaban, las Formas Puras de Gobierno. Que Dios nos ampare y nos dé fuerzas, porque lo que se viene son las tinieblas, para México y el Mundo Occidental.