LA NUEVA LEY DE AMPARO

Con especial dedicatoria a mi ex-alumno y amigo José Luis Valenzuela.

Ha entrado en vigor la nueva Ley de Amparo, (en la foto, el acto de su promulgación por el Presidente Peña Nieto) y esto sin dudad se circunscribe a todo el proceso de reformas de nuestro sistema jurídico, en particular atinente a la defensa de los derechos fundamentales, un proceso que se iniciara con las reformas del Presidente Zedillo en 1995.

Sin embargo, lo hecho por Zedillo era de un signo diferente al camino por el que se ha optado últimamente, aunque se debe entender que ambas medidas han sido parte de buscar un camino para establecer un mecanismo realmente efectivo para la defensa de los derechos de las personas ante un Estado tradicionalmente abusador, más después del sangriento sexenio de Felipe Calderón y los abusos y desapariciones cometidas por autoridades policíacas y militares en la "Guerra contra el Crimen Organizado", aunque,por supuesto, ya colgaban los hechos de la llamada "Guerra Sucia" en los años setenta, en que, hay que decirlo, el Gobierno priísta se enfrentó a muchos grupos subversivos de corte de Izquierda patrocinados desde el exterior, evidentemente, por el régimen soviético y sus satélites: Alemania Oriental y la Cuba castrista. Claro, esto se hizo en mucho por ponerse de parte de los intereses norteamericanos, pero también los socialistas subversivos eran garantes de los intereses moscovitas. Recuérdese que en mucho, durante aquella década, América Latina se volvió un campo de batalla entre los dos campos ideológicos y midieron sus fuerzas a través de sus testaferros.

Así, las reformas de Zedillo tendían a dirigir un cambio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia un esquema de control constitucional concentrado, similar al sistema diseñado por el jurista austriaco, e insigne padre del Positivismo Jurídico: Hans Kelsen tal y como lo plasmó en la Constitución Austriaca de 1920, haciendo que la Corte, a la cual le recortó miembros, se transformara en un Tribunal Constitucional, al sumarle a sus facultades de conocer de los Juicios de Amparo en Revisión, de las Acciones de Inconstitucionalidad y las Controversias Constitucionales, además de dotarle de facultades de investigación de casos relevantes.

Sin embargo, esto no fue posible, la realidad jurídica de México impidió que la Corte se especializara y no pudiese abandonar del todo su función como tribunal de última instancia o casación, misma que ejerce a través de los Juicios de Amparo en Revisión que ante ella se tramitan, y esto debido a la forma en que el también llamado "Juicio de Garantías" ha sido empleado por los abogados del foro mexicano.

El Juicio de Amparo es un instrumento procesal que permite combatir los actos de autoridad, sea cual sea ésta, y del nivel que sea, que se considera, vulneran los derechos humanos o, en la redacción original de la Constitución de 1917, desde una óptica Positivista, las "garantías individuales": en 1938, bajo el mandato del General Don Lázaro Cárdenas, cuando se emitió la ley anterior, esto significaba que era el Estado que reconocía o garantizaba a las personas ciertas prerrogativas, hoy en día, con la reforma, se vuelve al paradigma clásico Iusnaturalista, por el cual se concibe que los seres humanos, por el solo hecho de serlo, poseen derechos, al estar dotados de razón y voluntad y por tanto, tener una dignidad muy especial. Haciendo un poco de Historia, el Juicio de Amparo viene tanto de antecedentes del Derecho Castellano como del Anglosajón, uno de sus muy importantes antecedentes fue el Writ de Habeas Corpus surgido en la Inglaterra medieval como medio para evitar detenciones arbitrarias y juicios penales en ausencia del acusado.

En México, la figura fue implantada y para muchos "creada" por los Juristas Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, el primero, planteó que una persona pudiese demandar ante el Poder Judicial un acto de autoridad o una ley que se considerara contraria a los derechos de la persona en la Constitución del Estado de Yucatán cuando éste (que en aquel entonces abarcaba toda la península, como la Capitanía General española en el Virreinato), en la década de 1840 se planteaba seriamente su independencia respecto a México,  pero no sería sino hasta 1848 que Mariano Otero, diputado por Jalisco en el Congreso Constituyente que restauró la vigencia de la Constitución Federal de 1824 en medio de la Guerra contra Estados Unidos, extendió la figura ideada por Rejón a nivel nacional, tras emitirse la llamada "Acta de Reformas" que añadió a la carta constitucional un catálogo de derechos fundamentales que el Estado reconocía y que originalmente no contenía; Otero, aduciendo que el Amparo era un Juicio y terminaba mediante una sentencia, concluía que ésta no podía beneficiar a toda la sociedad, sino que, al igual que una sentencia en un Juicio Civil, sólo podía tener efectos para quien hubiera demandado; a este Principio de la Relatividad de la Sentencia se le llamó por tanto "Fórmula Otero" en su dudoso honor, puesto que así subsistieron por años multitud de legislaciones evidentemente vejatorias o contrarias a los mandatos de la Constitución, (fuera la de 1824, la de 1857 o la actual) y de la que sólo se libraban aquellos que hubieran podido demandar su inconstitucionalidad.

Así, el Amparo se convirtió en uno de los instrumentos jurídicos más usados y abusados en México; donde pese a que la Constitución señala que ningún Juicio podría tener más de tres instancias, no se estableció o desapareció de las leyes procesales la figura de la casación, por lo que, en su lugar, los litigantes empezaron a usar al Amparo invocando causas genéricas, casi siempre, la falta de fundamentación y motivación de las resoluciones de autoridad, en especial judicial, y por tanto, se convirtió en la tercera instancia, y más que ello, en un verdadero modo de vida para muchos abogados que sistemáticamente promovían estos juicios con la única finalidad de alargar los procedimientos y seguir cobrando a su desafortunado cliente, cuyos derechos y pretensiones, al final, eran mera mercancía para el negocio.Esta situación probablemente fue una de las causas para que, mientras se hablaba de la necesidad de una nueva legislación en la materia desde 1996, no fuera sino hasta últimamente que se destrabara la discusión y se impulsara una nueva Ley.

Esta Legislación se pretende presentar como un antídoto contra esos vicios: primero que nada, y acorde con la reforma hecha en Julio de 2011 el Amparo ya se presenta como un instrumento de uso extraordinario, reservado para combatir las violaciones a los derechos fundamentales de la persona, y tendiente a un esquema de control constitucional más difuso y no hacia la concentración como lo había planteado la reforma de Zedillo en los noventa. De igual forma, se plantea que los efectos de la sentencia de Amparo serán generales, lo que indica que promover un Amparo ya no será tanto para la defensa de una persona en sí, sino que inclusose plantea la posibilidad de combatir hasta la emisión de una Ley o normatividad que se considere perjudicial para todos, pronunciándose una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, sobre todo cuando se da una reiteración del combate y la declaratoria de que una norma general es contraria a la Ley Fundamental.

La Ley además amplía plazos para que las autoridades rindan sus informes justificados, lo que permite una mejor defensa de los actos emitidos por los entes públicos cuya actuación se combata mediante el Juicio de Amparo; la cuestión no es que se mantenga un prejuicio sobre la autoridad y ver a ésta como permanentemente vulnerando la esfera de los particulares, sino también darle la posibilidad de que actúe en defensa del interés público cuando al tramitarr el Juicio de Amparo, el mismo se vea en riesgo. La misma Ley además, en materia de otorgamiento de la Suspensión del acto reclamado recoge la "Teoría de la Apariencia del Buen Derecho" que había sido construida en forma de criterios o jurisprudencias desde la entrada en funciones de la primera integración del Tribunal posterior a la reforma de Zedillo, de la mano del Ministro (ahora en retiro) Genaro David Góngora Pimentel, mediante la cual se otorga la medida cautelar, que impide que el acto que se combate siga surtiendo efectos temporalmente hasta que el Juicio sea resuelto mediante la sentencia ejecutoria. Sin embargo, el otorgamiento de la suspensión definitiva es más estricto y exige un mayor estudio por parte del juzgador.

De igual manera, otra de sus innovaciones es ligar el incumplimiento de las ejecutorias de Amparo a sanciones penales, a fin de dotar a este instrumento jurídico de uñas y dientes: si se supone que la misión del Juicio Constitucional es defender los derechos fundamentales de las personas, es evidente que no puede dejarse en la impunidad a quien abuse del poder o cause daños a los individuos, por lo que se establecen mecanismos para sancionarlos efectivamente, como es el constituir delitos cometidos por los funcionarios en este aspecto.

A primera impresión, por tanto, la nueva Ley aparece como un gran avance, e incluso, instrumenta el esquema de control difuso y prevé una mayor colegialidad del Poder Judicial Federal, (incluso con los llamados Plenos de Circuito encaminados a fijar jurisprudencia) motivado esto por el llamado "Control de Convencionalidad" que habrá de ejercitar no solo los juzgadores federales, sino también los locales y aún las autoridades administrativas en sus actos, a fin de ajustarse no solo a lo plasmado en la Constitución, sino también en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte. Esto conlleva un gran riesgo y es caer en la tentación legisladora de la Corte, en la cual ya han estado incurriendo desde las reformas de 1995: la Corte, y el Poder Judicial Federal no solo ha interpretado la Ley, sino que ha establecido normas en sus precedentes, que no se contemplaban originalmente en los códigos legales sobre los que recae la controversia.

En este sentido, es de alarmarse cómo la integración de la Suprema Corte actual, casi mayoritariamente "progresista" o de Izquierda, gracias a las nominaciones hechas por el ahora ex-Presidente Calderón, (Panista y supuestamente conservador) ha llegado a declarar como inconstitucional que se le impidiera contraer matrimonio a dos lesbianas en el estado de Oaxaca, donde el Código Civil considera al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y sin importarle que se trate de una materia reservada a los legisladores estatales, al no estar la materia familiar contemplada en el artículo 73 constitucional como de competencia de la Federación, eso no importó, la Suprema Corte declaró que las dos mujeres tenían derecho a ello, iniciándose una estrategia similar en todos los estados que todavía no reconocen legalmente el matrimonio homosexual, como Jalisco, donde ya se ha dado el caso de lesbianas que acuden a las oficinas del Registro Civil a pedir el matrimonio y se los han negado, con obvia intención de iniciar acciones judiciales que llegarán ante un máximo tribunal que les es afín ideológicamente. ¿Y el Iusnaturalismo para reconocer cuál es la naturaleza del matrimonio? ¿Y los derechos de los niños, que no son ellos un derecho ni un trofeo? ¡Bien gracias! aquí la palabra de los ministros es Ley, y cabría preguntarse cómo sería la reacción de este máximo tribunal ante casos de incesto, poligamia, poliamor, etc. ¿Terminarán reaccionando como la justicia holandesa que acaba de decretar la licitud de una asociación que promueve la pedofilia?

Y no solo es eso, esta soberbia legisladora de la Suprema Corte se extiende a otras ramas, primordialmente la Fiscal y la Administrativa, que viene a afectar también la esfera de los derechos.

En pocas palabras, estamos ante el dilema de quién vigila al vigilante... Una consecuencia del exceso del Estado y creer que el Estado nos protegerá del Estado.